20/04/2007

Boleín de prensa

Los indígenas nahuas Jorge Marcial y Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López detenidos arbitrariamente el día 12 de enero del 2006, en un tramo de la carretera Fortín de las Flores-Orizaba en el estado de Veracruz, por el probable delito de de cohecho y exonerados de este delito. Posteriormente se intentó fincarles el probable delito de secuestro del ex diputado federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Mario Alberto Rafael Zepahua Valencia saliendo exonerados, y finalmente han sido acusados del delito de “Delincuencia Organizada con la Finalidad de Cometer Terrorismo”, por lo que se les arraigaó durante tres meses en una casa de seguridad de la Colonia Doctores.
De ahí fueron trasladados al Reclusorio Norte donde permanecieron 11 meses sin que se les iniciara juicio, violando el poder judicial las garantías del debido proceso, y es hasta el martes 13 de marzo del presente que son trasladados al Penal de Mediana Seguridad de Amatlán de los Reyes, en Córdova Veracruz. Notificándose hasta el día doce de abril a la defensa jurídica la admisión de la mayoría de las pruebas solicitadas a favor de los procesados. Cabe mencionar que el día 13 de marzo del 2007, la Red Solidaria Década Contra la Impunidad y el equipo de jurídico a cargo de este caso, tuvo una reunión con el Relator de los Pueblos Indios el Dr. Rodolfo Stavenhagen, quien ha conocido de este caso ya que dos de los tres acusados son indígenas nahuas. Por esa razón nos comunica, que vía La Oficina del alto Comisionado para las Naciones Unidas en México, ha enviado una carta al Gobierno Mexicano, pidiendo información en relación al estado que guarda el Caso y está en espera de la respuesta.
La Red Solidaria Década Contra la Impunidad –organización que ha asumido la defensa de los derechos humanos en este caso–, celebra el hecho de que se inicie el juicio de los indígenas nahuas Jorge Marcial y Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López, y espera que se aplique en la práctica el discurso de legalidad con que se viene manejando el Gobierno de Felipe Calderón.Ante este contexto creemos necesario exigir que se llegue a fondo en la investigación judicial que se inicia por motivo de las amenazas que han sufrido una integrante de la Red después de su participación en una Rueda de Prensa donde la Red hizo públicas las violaciones al debido proceso del Caso arriba mencionado, de tal manera que por algún tiempo esta integrante tuvo que cambiar de domicilio.
Ha sido el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez quien solidariamente nos ha venido acompañado en este contexto, además de que Amnistía Internacional emitiera –a favor de los integrantes de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad­– la AU 70/07 el pasado 19 de marzo, al igual que el Observatorio para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, el Programa conjunto de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH). En el mismo sentido la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) emite en apoyo de los integrantes de la Red, la AU Mex 002/0307/OBS 026, y la Representante Especial del Secretariado para los defensores de los derechos humanos de la ONU, la señora Hina Jilani, pregunta al Gobierno Mexicano si han sido otorgadas las medidas cautelares para los integrantes de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, la defensora de derechos humanos e integrante de la Red Elena López Hernández y su familia.
Cabe mencionar que la Red inicio la queja 2007/344/Q en la Quinta Visitaduría de la CNDH, la cual fue concluida el 28 de febrero del presente por no identificarse a ninguna autoridad o servidor público de carácter federal en las amenazas, siendo la Procuraduría General de Justicia del D.F., con fecha 4 de abril del 2007, la que comienza las gestiones para otorgar las medidas cautelares solicitadas por la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, estamos en espera de la resolución ya que el Caso de los indígenas nahuas Jorge Marcial y Gerardo Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López, por el que se generaron las amenazas es un caso federal.
La Red Solidaria Década Contra la Impunidad, considera indispensable que el Gobierno Mexicano asuma las Recomendaciones emitidas en el Informe Sobre la Situación de las Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos en las Américas, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y hace énfasis en el apartado sobre el Derecho a la integridad personal, nos dice que la defensa de los derechos humanos solo se podrá ejercer libremente cuando el o la defensora no son víctimas de amenazas de cualquier tipo y que los estados deberán adoptar las medidas necesarias para la protección de los y las defensoras contra los actos violentos, ya que las amenazas son avisos intimidatorios de la probable comisión de un acto que producirá dolor y que las amenazas son dirigidas usualmente atreves de llamadas telefónicas, correo electrónico y regular avisos anónimos.
México, D.F. a 16 de abril del 2007
Responsable: Ma. Magdalena López Paulino
rddhorg(arroba)gmail.com
rddhorg(arroba)hotmail.com
El Estado de Derecho solo será posible cuando la impunidad habrá paso a el respeto y cumplimiento a los derechos humanos de todos y cada uno de los habitantes de nuestro país, cuando se deje de hostigar, amenazar, perseguir y asesinar a l@s defensor@s de derechos humanos, a los periodistas, cuando la lista de defensores y periodistas con medidas cautelares comience a disminuir ya que l@s defensores al igual que l@s periodistas, son el termómetro de el avance o retroceso de los derechos humanos de los países.
Es verdaderamente preocupante que a l@s defensores se les persiga por la defensa integral que realizan a favor de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, tal es el caso de la integrante de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, la defensora de derechos humanos Elena López Hernández, quien ha venido siendo hostigada desde principios de este año por su participación en la defensa de un Debido Proceso, para los indígenas nahuas, los hermanos Gerardo y Jorge Marcial Tzompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López.
Los Hermanos Tzompaxtle Tecpile, son indígenas de la sierra de la Zongolica, una de las regiones con más rezagos, pobreza y militarización de nuestro país, ellos fueron detenidos en forma arbitraria, se les estaba negando el Derecho a un Juicio Justo, (es hasta este mes de abril del 2007, a más de un año de su detención, que da comienzo su Juicio).
Estos actos violatorios al Debido Proceso son denunciados en Conferencia de Prensa por la Red Solidaria Década Contra la Impunidad, teniendo como resultado, que Elena López Hernández sea amenazada.
Es preciso que el Gobierno Mexicano garantice la seguridad y protección de l@s defensores de derechos humanos y la de l@s periodistas, freno total a los actos intimidatorios en contra de defensores y periodistas, como lo son Elena López Hernández, Erendira Cruz Villegas, Francisco Cerezo Contreras y otr@s, y es preciso también que se garantice el debido proceso de los indígenas nahuas los hermanos Tzompaxtle Tecpile.
ATENTAMENTE
José Raúl Vera López
Obispo de la Diósesis de Salillo
Ma. Magdalena López Paulino
Red Solidaria Década Contra la Impunidad