Boletín de Prensa

Ø El Estado Mexicano debe de dar cumplimiento a la
Opinión 20/2007 Emitida por
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria

Ø El Estado debe de adopte las medidas necesarias para la
Eliminación de la figura del arraigo


El día 11 de abril del 2007 el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria Emite su Opinión 20/2007 al Estado Mexicano solicitando tomar las medidas necesarias para remediar la situación de Detención Arbitraria en perjuicio de los indígenas nahuas Cc. Jorge Marcial Zompaxtle Tecpile, Gerardo Zompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López, ha la fecha no se ha recibido información alguna sobre la situación que guarda esta Petición por parte del Estado.

En la Sentencia que Emite C.
Lic. Rafael Remes Ojeda Magistrado del H. Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal del Séptimo Circuito, los Absuelve de la acusación realizada en su contra por el Ministerio Público de la Federación por la comisión del delito de Delincuencia Organizada, entre otros puntos manifiesta que las Ordenes de Cateo emitidas por el Juez Mixto de Primera Instancia de Zongolica Veracruz, fueron ilegales ya que carecía de facultad para emitirlas por lo tanto lo encontrado en los domicilios cateados carecen de valor probatorio.

Manifiesta también que no se demostró jurídicamente que los Señores Jorge Marcial Zompaxtle Tecpile, Gerardo Zompaxtle Tecpile y Gustavo Robles López, tuvieran la voluntad de integrarse a una agrupación delictiva con el fin de cometer ilícitos.

Para la Red Solidaria Década Contra la Impunidad A.C., es necesario resarcir los daños causados a los derechos humanos de estas personas que estuvieron privados de su libertad durante dos años diez meses, por lo que solicitamos al estado Mexicano:

Ø
Que informe el estado que guarda y su respuesta a la Opinión 20/2007

Ø Que el Estado de cumplimiento a la Recomendación emitida por la Comisión Interamericana de derechos Humanos que a la letra dice "Que adopte las medidas necesarias para ejercer una efectiva supervisión judicial de la detención y de los órganos encargados de ejecutarla, dado que la fase de arresto y detención es una de las más criticas de todo proceso, en la cual el detenido queda bajo control exclusivo de la policía"[1]

Ø Que el Estado adopte las medidas necesarias para la eliminación de la figura del arraigo que es contraria a la Convención Americana y cumpla irrestrictamente con las garantías de legalidad y debido proceso y armonice la legislación interna con los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.

RED SOLIDARIA DÉCADA CONTRA LA IMPUNIDAD

[1] Informe Sobre la Situación de los Derechos Humanos en México, OEA/Ser.L./V/II/.100, Doc. 7, rev.1, 24, septiembre 1998, pág. 165 párr. 718